Sucedió el 18 de marzo de 2014 en una finca de Logrosán, cuando un trabajador de 60 años al mando de un tractor oruga realizaba trabajos de limpieza, desbroce y restablecimiento de caminos. En un descenso, perdió el control del tractor que intentó parar. Se deslizó hacia un barranco de unos 200 metros con un desnivel de un 50%. El bulldozer volcó y el operario fue despedido y arrollado por la máquina.
El tractor tenía más de 30 años de antigüedad y en ese tiempo no había sido objeto de revisión alguna, ni había sido sometido a examen de la Inspección Técnica de Vehículos. La cabina estaba sin cristales, no tenía un sistema de protección antivuelco certificado y carecía de cinturón de seguridad.
El trabajador que falleció no estaba dado de alta en la Seguridad Social. Figuraba desde el año 2010 como parado y cobraba el subsidio; era empleado por el empresario agrícola para hacer labores esporádicas en el campo, sin contrato.
El Juzgado de lo Penal número 2 de Cáceres le condenó por un delito de homicidio imprudente y otro contra los derechos de los trabajadores a dos años de prisión e indemnizar a la viuda con 212.815 euros y al hijo del fallecido con 10.544. La Audiencia de Cáceres acaba de confirmar la sentencia, que ya es firme.