Las gasolineras quieren que también los surtidores de las cooperativas tengan personal

Gasolinera low cost en el barrio de La Mejostilla, en Cáceres.
Gasolinera low cost en el barrio de La Mejostilla, en Cáceres. / HOY
  • Los empresarios de las estaciones de bajo coste rechazan una nueva regulación y creen que se limita la competencia

Posturas encontradas en el sector de las gasolineras ante la iniciativa que ha llevado a la Asamblea el grupo socialista para modificar la legislación que afecta a la regulación de las estaciones de servicio de bajo coste (low cost). Mientras los representantes de las gasolineras tradicionales exigen que la modificación de la normativa sea para todos por igual, lo que conllevaría que los surtidores que tienen las cooperativas deban estar atendidos por al menos unas persona, los de las estaciones de bajo coste o desatendidas, como se llaman en el sector, ven que se atenta contra la libre competencia y perjudica al cliente con nuevas exigencias. Mientras tanto, la Unión de Consumidores de Extremadura ve aspectos positivos pero también negativos ante la nueva regulación que se pretende establecer.

En Extremadura existen unos 400 puntos de venta de combustibles. La mayoría son gasolineras asociadas a compañías pero también los hay gestionados por cooperativas agrícolas o por particulares. Son las denominadas gasolineras libres, algunas de ellas sin personal. «No todas las low cost carecen de personal. Al contrario. Casi todas tienen al menos a una persona», recalca el empresario Marcos Tejada, con proyectos de apertura de nuevas estaciones de ese tipo en Mérida, Plasencia, Don Benito y Robledillo de la Vera.

El año pasado en la Asamblea se aprobó una moción, a instancias del PSOE, en la que se demandaba a la Junta a aprobar un decreto para obligar a que esas gasolineras tengan como mínimo a un trabajador. Los socialistas han decidido que sea el Parlamento, vía modificación de la ley de Estatuto de los Consumidores de Extremadura, quien decida y no el Gobierno regional solo vía decreto.

La moción presentada por el grupo que sustenta al Gobierno de Guillermo Fernández Vara pide que se obligue a las denominadas estaciones de servicio de bajo coste a contar al menos con un trabajador mientras permanezcan abiertas en horario diurno (de 7 a 22 horas). Lo justifica por motivos de prevención de riesgos de la salud personal y de seguridad de los usuarios.

Además, los socialistas proponen que de esa exigencia sean excluidas las cooperativas con surtidor, «siempre que cuenten con un trabajador de la sociedad que responda del servicio que se presta», dice la propuesta. «Un trabajador que puede ser cualquiera que ayude a descargar uva o aceituna pero que realmente no se encarga del surtidor y menos de atender a los usuarios», enfatiza Fernando Mena.

El presidente de la Asociación Regional de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aserex), recuerda que la legislación ya permite a las cooperativas vender un 50% adicional de la cantidad total de carburante suministrada a sus socios a cualquier tipo de cliente. Es decir, si vende un millón de litros a sus cooperativistas puede vender otro medio millón a cualquier cliente.

Igualdad

«Lo principal es que la nueva ley que se apruebe para las gasolineras trate a todos por igual. Al que tiene una estación asociada a una compañía, a una cooperativa agraria o a una desatendida. Que si a uno se le pide contar con un trabajador, a otros (en referencia a las cooperativas), también. No puede haber excepciones», subraya el presidente de Aserex.

Entiende que esa exigencia no solo mejoraría el servicio y se crearía más empleo (hay cerca de 1.000 trabajadores en la región) sino que se ganaría en seguridad y atención a personas con discapacidad.

«Somos los primeros interesados en tener una instalaciones adaptadas para cualquier tipo de persona. De hecho las nuevas estaciones desatendidas que se están poniendo ya tienen previsto eso. Además, cuentan con las medidas de seguridad exigentes. ¿Por qué ahora quieren volver a cambiar la norma?», se pregunta Tejada.

«Lo justifican por cuestiones de seguridad o de mejor atención pero lo que se quiere plantear simplemente es limitar la libre competencia. Y ya hay sentencias que han tumbado intentos de ese tipo como el que quiso hacer el Gobierno de Baleares», agrega.

Desde la Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) no se tiene una postura definida ante los cambios que se quieren introducir. Ve en ellos aspectos positivos pero también negativos.

«Por supuesto que lo primero es la seguridad. Eso ante todo. Debe ser lo primordial. Pero también defendemos y creemos en la libre competencia y en la posibilidad de que el consumidor pague un menor precio por algo que suele ser tan costoso como el carburante», explica Javier Rubio, presidente de UCE. Rubio subraya que la norma debe en todo caso propiciar una atención efectiva al cliente si se recoge finalmente que cada surtidor debe tener al menos un empleado. «De nada serviría que exista ese trabajador pero no salga de la oficina y se niegue a ayudar al cliente cuando lo necesita porque hay gente que no sabe utilizar el surtidor», enfatiza.

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